Llamazares pregunta al Gobierno si va a tomar medidas contra el Ayuntamiento de Boadilla por contratar abogados privados
El diputado de La Izquierda Plural Gaspar Llamazares, portavoz de este grupo en la Comisión de Justicia, ha registrado una pregunta parlamentaria en la Mesa del Congreso acerca de la contratación de Iván Gayarre Conde como abogado por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Conde es “vicepresidente del prestigioso despacho Sagardoy Abogados, bufete que es autor, entre otras cosas, de la reforma laboral del PP de Rajoy” y “el mismo hombre, también, que ha defendido al partido frente a Luis Bárcenas en su demanda contra el PP por ‘despido improcedente’”, recuerda Llamzares. Sagardoy es también el bufete que defiende al Ayuntamiento en el contencioso por el despido de 16 profesores de la Escuela de Música Municipal como consecuencia de su privatización.
Gayarre fue contratado para defender al Ayuntamiento de Boadilla en el caso de Ana Garrido Ramos, funcionaria de la concejalía de Juventud y Deportes que destapó la rama de la trama Gürtel en este Consistorio, lo que acabó con la carrera política del ex alcalde Arturo González Panero, “el Albondiguilla”. El portavoz del PP en Boadilla del Monte calificó de “mero conflicto laboral” el acoso laboral continuado en el tiempo que sufrió Ana Garrido cuando desempeñaba su cargo como técnico de juventud. Sin embargo, en febrero de este año el juzgado nº 2 de Móstoles reconoció a la trabajadora las pretensiones alegadas condenando al consistorio a pagar una indemnización de 96.450 €.
Llamazares denuncia que “el Ayuntamiento quiere venganza a costa del dinero de los ciudadanos del municipio”. La pregunta parlamentaria exige al Gobierno que explique cómo va a “evitar que instituciones de la administración pública contraten servicios jurídicos externos cuando los servicios propios de la institución podrían perfectamente asumirlos”, así como si pedirá al Ayuntamiento de Boadilla que anule el contrato con Gayarre, o “encomendar al Fiscal General del Estado una investigación en este ámbito, para dilucidar si no estamos ante casos de malversación de caudales públicos y una instrumentación espuria de la institución municipal”.
